¿Y los derechos humanos de las víctimas?

Por Amaury Reyna Liberato. Comunicador, residente en María Trinidad Sánchez.

Antes de convertirse en una estadística, Gioser Luis Feliz tenía nueve años. Acababa de llegar a República Dominicana desde Estados Unidos junto a su familia cuando una bala le atravesó la cabeza durante un intento de asalto en Santiago. Tres años después, un tribunal condenó a seis hombres por aquel crimen. Para entonces, ninguna sentencia podía devolverle a su padre aquel niño que describió como su vida y su motor.

Hace apenas unos días, Zeneida Socorro Castillo estaba en su casa, en Santo Domingo Este. Tenía 60 años. Según la investigación policial, incluso preparó alimentos y jugos para algunos de quienes terminarían convertidos en sus agresores. Fue golpeada y herida con arma blanca hasta morir. Su esposo, el merenguero Julián Oro Duro, también fue brutalmente atacado.

Gioser tenía derechos humanos.

Zeneida también.

Los tiene el comerciante que cierra su negocio de madrugada y no sabe si llegará vivo a su casa. Los tiene la mujer que teme caminar sola. Los tiene el padre de familia que entrega el dinero durante un atraco y aun así recibe un disparo. Los tienen los hijos que se quedan sin padre y los padres que terminan enterrando a sus hijos.

Por eso resulta legítimo preguntar por qué, cuando hablamos públicamente de derechos humanos y seguridad ciudadana, las víctimas de la delincuencia parecen ocupar con demasiada frecuencia un lugar secundario en la conversación.

La pregunta vuelve a adquirir relevancia después de que Manuel María Mercedes Medina, recién reelecto por otros tres años como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emplazara al nuevo director de la Policía Nacional a detener las muertes ocurridas en los llamados “intercambios de disparos”. La organización reclama investigaciones transparentes y respeto al debido proceso.

En eso, jurídicamente, tiene razón.

Una democracia no puede permitir que la Policía sustituya a los tribunales. Un sospechoso, incluso el acusado del crimen más repugnante, conserva derechos fundamentales. La Constitución dominicana protege la vida y el debido proceso, y la presunción de inocencia no desaparece porque la sociedad esté indignada.

Pero reconocer esa verdad no obliga a callar otra.

Los derechos humanos no comienzan cuando el delincuente es esposado.

Comienzan mucho antes, cuando un ciudadano sale de su casa con derecho a regresar vivo.

Ahí está la discusión que organizaciones como la CNDH deberían colocar con igual contundencia en el centro de su discurso.

Mercedes pidió recientemente a la Policía preservar la vida de los señalados por el asesinato de Zeneida Socorro Castillo para que puedan ser investigados y sometidos a la justicia. Es una posición jurídicamente defendible. Pero resulta imposible escucharla sin pensar inmediatamente en Zeneida: en las horas de terror que precedieron su muerte, en su derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad y a envejecer tranquilamente en su casa.

¿Quién levanta la voz por esos derechos con la misma intensidad?

La pregunta no pretende convertir la defensa de las víctimas en una licencia para las ejecuciones extrajudiciales. Ese sería un error tan peligroso como el que criticamos. Pretende algo mucho más elemental: devolver a la víctima al centro de la conversación.

La propia CNDH ha denunciado durante años las muertes atribuidas a agentes policiales. En su informe sobre 2025 sostiene que entre 2018 y 2025 se produjeron aproximadamente 4,575 muertes a manos de miembros de la Policía, muchas reportadas oficialmente como “intercambios de disparos”. Son acusaciones extraordinariamente graves que merecen investigaciones independientes, porque ningún uniforme otorga derecho a ejecutar a una persona.

Pero la violencia criminal también deja cadáveres.

Las estadísticas oficiales establecen que República Dominicana cerró 2025 con 951 homicidios intencionales, para una tasa definitiva de 8.7 por cada 100,000 habitantes. Detrás de esos 951 casos no existen números abstractos. Hay madres, esposas, comerciantes, jóvenes, trabajadores y familias cuya vida quedó partida para siempre.

Uno de ellos fue Osiris Montero Montero, comerciante de La Nueva Barquita. En marzo de 2025 fue atracado mientras cerraba su negocio. Entregó el dinero que tenía. Según el expediente judicial, sus atacantes insistieron en que debía haber más y terminaron disparándole varias veces. Murió posteriormente por las heridas.

También él tenía derechos humanos.

Por eso el debate dominicano necesita abandonar una trampa intelectual que durante demasiado tiempo ha enfrentado seguridad y derechos fundamentales como si fueran enemigos.

No lo son.

Una Policía profesional debe ser capaz de perseguir enérgicamente al criminal sin convertirse ella misma en criminal. Debe responder con fuerza legítima cuando es atacada, pero debe apresar cuando puede apresar. Debe proteger a sus agentes, pero también rendir cuentas cuando uno de ellos cruza la línea de la ley.

Y una organización de derechos humanos debe vigilar los abusos policiales, pero también tiene una responsabilidad moral de hacer visible el sufrimiento de las víctimas del crimen.

No porque estas últimas tengan más derechos que el victimario, sino porque tienen exactamente la misma dignidad humana que esas organizaciones invocan.

En este punto resulta inevitable recordar un argumento que Nayib Bukele ha convertido en una de las piezas centrales de su discurso sobre seguridad en El Salvador: los delincuentes poseen derechos humanos, pero también los poseen las personas honradas que son asesinadas, extorsionadas, violadas o despojadas de su tranquilidad.

No hace falta comprar todo el modelo de Bukele para reconocer la fuerza de este planteamiento.

Tampoco sería responsable importar mecánicamente el modelo salvadoreño a República Dominicana. Cada país tiene instituciones, problemas criminales y realidades constitucionales diferentes. Las políticas de seguridad del Gobierno salvadoreño, además, han recibido cuestionamientos internacionales precisamente por detenciones arbitrarias y garantías procesales.

Pero una cosa permanece: el derecho de la víctima no puede convertirse en el gran olvidado del discurso de los derechos humanos.

Y sería injusto afirmar que Manuel María Mercedes jamás se ha ocupado de otros sectores vulnerables. La organización que preside ha denunciado feminicidios, reclamado la eliminación del matrimonio infantil, intervenido sobre situaciones que afectan a niños y condenado muertes de ciudadanos sin vinculación criminal. Reconocerlo es una obligación de honestidad intelectual.

Mi crítica es otra.

Después de tantos años al frente de una organización cuya propia consigna sostiene que “derecho que no se defiende, derecho que se pierde”, Mercedes tiene ante sí la oportunidad de ampliar la fuerza de su voz.

Que truene cuando un policía ejecuta ilegalmente a un sospechoso. Pero que truene igual cuando un delincuente mata a un niño de nueve años. Que exija debido proceso para el acusado. Pero que exija también reparación, acompañamiento y justicia para la familia destrozada.

Que pregunte por las condiciones de las cárceles. Pero que pregunte también por las condiciones en que quedan los huérfanos de la violencia. Que recuerde al Estado sus límites.

Pero que recuerde igualmente que la primera obligación de ese Estado es proteger la vida y la seguridad de quienes cumplen la ley. Eso es defender derechos humanos en toda su dimensión.

Porque los derechos fundamentales no pertenecen a la izquierda ni a la derecha, al policía ni al sospechoso, al poderoso ni al marginado; pertenecen a la persona.

El desafío de una verdadera cultura de derechos humanos no consiste en escoger qué vida merece nuestra indignación, consiste en defenderlas todas.

Y mientras una madre siga enterrando a su hijo por culpa de la delincuencia, mientras una familia pierda al padre que salió a trabajar, mientras una mujer sea asesinada dentro de su propia casa, quienes se presentan como guardianes de los derechos humanos deberían hacerse una pregunta antes de tomar el próximo micrófono:

¿quién está hablando por las víctimas?