La democracia no se fortalece únicamente con elecciones libres ni con discursos bien construidos. Se consolida, sobre todo, cuando las instituciones son capaces de investigarse a sí mismas y sancionar las desviaciones que traicionan su razón de ser.
El escándalo de corrupción que hoy envuelve al Seguro Nacional de Salud (Senasa) coloca a República Dominicana ante una de esas pruebas que definen épocas.
Senasa administra uno de los presupuestos más sensibles del Estado dominicano. No se trata de obras visibles ni de grandes inauguraciones, sino de decisiones que impactan silenciosamente la vida de millones de personas. Por eso, cualquier señal de irregularidad en su funcionamiento obliga a una respuesta institucional proporcional a la gravedad del daño potencial causado.
Las investigaciones en curso, que involucran a exfuncionarios y actores privados, han puesto sobre la mesa prácticas que, de comprobarse, revelan un patrón de uso indebido de fondos públicos, distorsión de procesos administrativos y beneficios particulares en detrimento del interés colectivo.
Estos no son errores técnicos ni fallas menores de gestión. Son, presuntamente, acciones estructuradas que vulneran la confianza depositada por el Estado y la ciudadanía.
El componente político del caso es inevitable. Santiago Hazim fue un funcionario con respaldo al más alto nivel, en un gobierno que ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus principales estandartes. Precisamente por eso, este proceso no puede resolverse con ambigüedades ni con silencios estratégicos.
La credibilidad del discurso anticorrupción depende, en gran medida, de la coherencia entre lo que se predica y lo que se permite investigar.
La historia reciente del país ha demostrado que la selectividad es el mayor enemigo de la justicia. Cuando los procesos se perciben como parciales o condicionados por cercanías políticas, la consecuencia inmediata es el descreimiento ciudadano. En ese sentido, el Caso Senasa representa una oportunidad para romper con una tradición dañina: la de proteger a los “propios” mientras se castiga a los “otros”.
Pero más allá de nombres y cargos, este escándalo debe obligar a una revisión profunda del sistema de controles internos, de la relación entre el Estado y los prestadores privados de salud, y de los mecanismos de supervisión del gasto público.
La lucha anticorrupción no puede limitarse a la persecución penal posterior; debe traducirse en reformas que impidan que estas prácticas vuelvan a repetirse.
El impacto social de este caso no es menor. Cada peso desviado de la salud pública es un servicio que no llegó, una atención que se retrasó o una calidad que se degradó. En un país donde amplios sectores dependen exclusivamente del régimen subsidiado, la corrupción en Senasa tiene un rostro humano que no puede ignorarse.
Desde El Naguero Digital, entendemos que este proceso debe avanzar con apego estricto al debido proceso, pero también con firmeza. La institucionalidad se defiende con hechos.
Si las investigaciones confirman responsabilidades penales, la aplicación de la ley debe ser ejemplar. No por revancha, sino por coherencia democrática.
El país observa, y, en esa mirada colectiva, se juega algo más que un caso judicial: se juega la credibilidad del Estado y el futuro de una lucha anticorrupción que no admite retrocesos.
Por Amaury Reyna, director de ElNaguero.com
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